Corte modifica protocolos tras caso de red de explotación sexual de niñas

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, tras la revelación de El Llanquihue sobre un caso de explotación sexual de niñas en una residencia de Puerto Varas, ha tomado diversas medidas y ordenado acciones concretas.

La unidad de Asuntos de Familia de la Corte acordó cambios en los protocolos de actuación para enfrentar adecuadamente las posibles vulneraciones a las que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes internadas por medidas de protección en residencias. La explotación sexual que habría afectado a al menos tres niñas de entre 15, 16 y 17 años en una residencia de Puerto Varas, motivó incluso el inicio de diversas acciones, entre ellas una en materia penal por parte de la Defensoría de la Niñez.
El caso, que habría ocurrido desde marzo pasado, se conoció en el Tribunal de Familia de Puerto Montt, después de que una de las adolescentes pidiera ser oída, revelando una serie de antecedentes que daban cuenta de explotación sexual de niñas, incluso en la misma residencia.

Mejorar las Visitas

Uno de los puntos abordados en la unidad de Asuntos de Familia de la Corte de Apelaciones se relaciona con cambios en las visitas de los jueces de familia a las residencias.
'En virtud de lo dispuesto en las actas número 104-2005 y número 37-2014 de la Corte Suprema, y conforme a los lineamientos de trabajo realizados por el ministro encargado de Asuntos de Familia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Patricio Rondini, la Comisión de Protección de Derechos de la jurisdicción se abocó a la confección de un protocolo para visitas residenciales, de manera de unificar la forma en que ello se lleva a cabo y recoger las buenas prácticas de los distintos tribunales de la jurisdicción', indica parte del informe.

Riesgo Inminente

De acuerdo con el ministro Rondini, después de la denuncia pública por los casos de explotación sexual, se han continuado adoptando medidas que buscan una mayor protección de las adolescentes.
'Se han adoptado las medidas correspondientes en las respectivas causas respecto de las menores involucradas; se han dado las instrucciones de cuidado a la residencia; y se ha ordenado poner los hechos en conocimiento del director nacional y regional del Servicio de Protección Especializada, para los fines pertinentes', señala la autoridad judicial.

A juicio del ministro, estas medidas se adoptan 'considerando que todas las adolescentes ingresadas en dicha residencia se encuentran en una situación de riesgo inminente'. Las decisiones adoptadas en el protocolo también fueron informadas a la Seremi de Desarrollo Social.

'Por parte del Juzgado de Familia de Puerto Varas se requirió un informe a la Residencia y además, el día 5 de junio pasado, se efectuó por parte de este una visita extraordinaria a la residencia. De este modo, se han realizado y se están realizando medidas de protección y resguardo', aseguró el ministro de la Corte de Apelaciones.

Uno de los puntos en el que hace hincapié el protocolo confeccionado y emanado desde el tribunal de alzada puertomontino, da cuenta del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a ser oídos. Incluso, sugiere que cada vez que ocurra ello, se confeccione un listado de quienes hacen uso de este derecho.

Condiciones Dignas

Para Jimena Valenzuela, abogada y directora del Instituto de Ciencias de la Familia UANDES (Universidad de Los Andes), esta situación no es nueva.

En opinión de Valenzuela, 'es tremendamente alarmante y quiere decir que el nuevo servicio tampoco está cumpliendo con los mínimos estándares de protección y de evitar la revictimización de estos niños, jóvenes, adolescentes que están en situación de vulnerabilidad'. Observa que en el caso de Puerto Varas se está viendo nuevamente 'una gravísima vulneración de derechos de una menor que está bajo la protección del Estado'.

La académica expone que es inaceptable que las residencias de protección se transformen en nuevos espacios de riesgo y revictimización.

"Estos centros, obviamente, tienen que ofrecer seguridad, contención emocional y condiciones dignas para los niños, sobre todo niños que ya han sufrido situaciones de violencia, de abandono, de maltrato, de abuso... Entonces, esto denota un entorno institucional fallido, porque se toleran este tipo de situaciones".

Fallo Institucional

La directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de Los Andes anota que en el caso dado a conocer por El Llanquihue, se habla de abuso sexual y presencia de droga.

"Entonces, claro, es una negligencia institucional e inaceptable. Cabe preguntarse ¿cómo es posible que ese tipo de cosas ocurran? Y para evitar esto, bueno, tiene que haber una respuesta interinstitucional urgente".

Refuerza que no solamente deben investigarse las responsabilidades que pudo haber habido, sino que se tiene que revisar a fondo todo el funcionamiento, los protocolos, la supervisión de todas las residencias en la región y del país, y que se contrate personal especializado, más idóneo.
'La verdad es que se ve que el personal que trabaja dentro de la residencia, en el caso que se comprueben los hechos, no es el personal que debiera estar. Entonces, aquí la institucionalidad de protección a los niños debe garantizar que esto llegue hasta sus últimas consecuencias, de investigación y de reparación y de ver qué es lo que está efectivamente ocurriendo'. La docente universitaria insiste en que lo que en este caso se está observando es que el Estado está fallando en su rol de garante de derechos.

"Entonces, no se trata solamente de abrir residencias, separar a los niños de su familia, sino que verdaderamente darle una protección efectiva a los niños que han sufrido, que están en situación de vulnerabilidad y que por eso están en los centros residenciales".

Plan de Prevención

De acuerdo con Pedro Adrians, director regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia Los Lagos, 'una de nuestras mayores preocupaciones son los casos de explotación sexual que tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes que viven en residencias. En nuestra región ejecutamos un plan de trabajo intensivo e integral para abordar estos casos desde diferentes aristas', asegura.
Según Adrians, el servicio ha tomado con protagonismo la coordinación con los tribunales de justicia, las policías, el Ministerio Público, los municipios, entre otros actores relevantes, con la finalidad de avanzar en la prevención, protección, investigación y persecución de estos delitos, articulando capacidades institucionales. 'Históricamente las residencias de niños, niñas y adolescentes han estado en la mira de los explotadores sexuales. Por lo mismo, capacitamos de forma continua a los equipos para detectar tempranamente estas situaciones y mantenemos una comunicación constante con otras instituciones como el Ministerio Público para entregar toda la evidencia disponible', comentó la autoridad.

Explotadores Persistentes

Un punto importante al que hace mención el director regional de este servicio es la persistencia de los explotadores de adolescentes, que incluso siguen a las niñas que son cambiadas de residencia.
'Los trabajadores muchas veces encaran a los explotadores, exponiéndose a ataques y represalias, y en los casos más complejos, incluso, trasladamos a las víctimas a otras residencias o regiones, pero los explotadores las siguen y las encuentran. Por eso, seguimos buscando formas innovadoras de combatir estas situaciones'.
Explica que cada vez que son detectados casos, 'presentamos una denuncia al Ministerio Público, informamos a la Defensoría de la Niñez y entregamos toda la información que tengamos disponible para que esa denuncia se investigue y se persiga a los responsables'.
Expone que en varias ocasiones, 'este tipo de denuncias, con toda la evidencia disponible, ha permitido que se detenga, investigue y condene a los explotadores'.

Críticas a Nuevas Residencias

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, reconoció que, junto al Concejo Municipal, han expresado a las instituciones públicas reiteradamente la extrema preocupación por esta situación. 'Hemos advertido que no se está logrando proteger a quienes más lo necesitan: niños y jóvenes que ya han sido vulnerados', sostiene.
Gárate reitera que han sido tajantes al señalar que 'no están dadas las condiciones para abrir nuevas residencias en nuestra comuna mientras existan redes activas de explotación sexual infantil que el Estado no ha logrado desarticular. Nos resulta indignante que, lejos de corregir las fallas del sistema, se insista en fórmulas que no logran evitar este tipo de vulneraciones'.

Fuente: Diario El Llanquihue